El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado la propuesta presentada por los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD para elaborar un mapa de riesgo de inseguridad que pudiera afectar la programación de elecciones en estados y municipios con potencial violencia. La solicitud fue defendida por el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, quien argumentó que el gobierno federal había negado realizar dicho mapa, a pesar de la existencia de un documento similar preparado por la coalición opositora.
“Ya hemos hecho nuestra parte al establecer este mapa de riesgo basado en registros de elecciones pasadas y la reiterada interferencia de grupos delincuenciales en el proceso electoral. Ahora, les corresponde a las autoridades hacer uso de esta información para asegurar que las jornadas electorales transcurran en paz”, declaró Sondón.
El representante del PRD, Ángel Ávila, apoyó el documento firmado por los tres líderes partidarios y Santiago Creel, coordinador de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, señalando la preocupación de que el crimen organizado pueda intervenir en aproximadamente un tercio de las secciones electorales.
Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, sugirió que la intención de la oposición no es proteger a los ciudadanos, sino utilizar el mapa de riesgo para impugnar las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.
Pese a los argumentos de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, el Consejo General del INE rechazó unánimemente la propuesta. Arturo Castillo subrayó que sin seguridad se verían afectadas todas las libertades, no solo el derecho al voto, pero aclaró que el INE no puede asumir funciones que corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“¿Qué podemos hacer? Podemos organizar la lista nominal de electores, instalar las casillas, capacitar a nuestros funcionarios para llevar a cabo su labor durante la jornada electoral, y coordinarnos con otras autoridades para garantizar que todas las condiciones necesarias para un voto libre y secreto se cumplan eficazmente”, argumentó Castillo.
La consejera Carla Humphrey también destacó la falta de competencia directa del INE en este tema, citando una sentencia previa de la Sala Superior que respalda esta postura.
El rechazo del INE subraya la complejidad de garantizar la seguridad electoral en un entorno donde la violencia puede interferir en los procesos democráticos. Mientras tanto, la responsabilidad de abordar estas preocupaciones recae en las autoridades de seguridad pública, quienes deberán tomar medidas para asegurar unas elecciones pacíficas y justas.