Alberto Rivera
En la política mexicana hay batallas que no se libran en las urnas, sino en el terreno más volátil: la percepción pública. Cuando el adversario carece de argumentos sólidos, recurre al ruido. Y el ruido, cuando se amplifica con micrófono, puede convertirse en un arma peligrosa.
Eso es lo que ha enfrentado Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas: una ofensiva diseñada para desgastar su imagen, cuestionar su legitimidad y frenar el impulso de una reforma judicial que nació con legitimidad de origen.
El guion es tan viejo como predecible: filtraciones interesadas, titulares con carga de sospecha y acusaciones que se evaporan en el terreno de la evidencia. En mayo, se presentaron denuncias por supuestos delitos como asociación delictuosa y tráfico de influencias. La noticia se expandió con velocidad; el desmentido judicial, en cambio, apenas ocupó espacio: la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal, dejando claro que no había pruebas para sostener los señalamientos. La resolución de la FGR no dejó margen de duda: el caso estaba cerrado y sin sustento.
Sin embargo, algunos sectores, necesitados de generar oxígeno político, aprovecharon el asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reyna para intentar reabrir un expediente muerto y sembrar sospechas en la opinión pública. Fue una maniobra calculada para capitalizar el impacto mediático de un hecho lamentable y revivir un ataque político sin base jurídica.
Esta vez, el ataque tuvo un componente aún más grave: violencia política de género. Una estrategia que busca reducir a una mujer a la sospecha, desgastarla públicamente y enviar el mensaje implícito de que ciertos espacios de poder no le pertenecen.
Tania eligió no quedarse al margen. Acudió a las instancias competentes y el Instituto Electoral de Tamaulipas sancionó a los responsables, obligando a retractaciones públicas e inscribiendo el caso en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. Un precedente contundente: la mentira y la difamación, cuando se usan para atacar a una mujer en política, no son debate, son violencia.
La defensa que hoy emprende Tania Contreras trasciende lo personal. No se trata solo de responder a un agravio, sino de sostener una visión que entiende a la justicia como un puente hacia la paz social. Su manera de enfrentar los ataques refleja un liderazgo que combina firmeza y cercanía, que sabe proteger sin dejar de transformar, y que coloca a las instituciones en el terreno donde realmente se ganan la confianza: en el contacto directo con la gente.
Cada movimiento que da en este episodio no es improvisado; forma parte de un esfuerzo más amplio por construir un Poder Judicial que inspire respeto, credibilidad y apertura, incluso frente a quienes prefieren que siga siendo distante y opaco.
Defender a Tania Contreras es defender el Estado de derecho, pero también es apostar por una forma distinta de ejercer el poder judicial: con rostro humano, vínculos con la sociedad y vocación de paz. Es entender que la fortaleza institucional no se construye solo con leyes, sino con liderazgos que se sostienen en la verdad y en la legitimidad.